jueves, 1 de marzo de 2018

PAGO DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN EN MONEDA EXTRANJERA / JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. 
Expediente N° 15-1141 de fecha 14 de agosto del 2017.





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"V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 Determinada la competencia, debe esta Sala constatar la tempestividad de la apelación interpuesta, a cuyo efecto se observa que el accionante ejerció dicho recurso el día 25 de agosto de 2015, contra la sentencia dictada por el a quo constitucional el 20 de agosto de 2015. Así las cosas y siguiendo el criterio fijado en sentencia n.° 501 del 31 de mayo de 2000 (caso: Seguros Los Andes) y de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales, la apelación fue ejercida al tercer día hábil, por lo que la misma resulta tempestiva. Así se declara.

Asimismo, de las actas procesales que conforman el expediente la Sala hace constar que el abogado Luis Sandoval, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana, Lilia De Lourdes Alarcón, el 3 de noviembre de 2015, consignó escrito expresando las razones de su disconformidad con la sentencia que declaró improcedente, en primera instancia la acción de amparo interpuesta, siendo que se dio cuenta en Sala el 15 de octubre de 2015; la Sala emitirá su fallo en consideración a dichos alegatos, dado que el escrito fue presentado dentro de los treinta (30) días establecidos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para interponer la apelación, lapso que, conforme al precedente judicial establecido en su sentencia N° 442/2001, recaída en el caso: Estación Los Pinos, es preclusivo para que las partes formulen los alegatos que consideren pertinentes.

El 2 de mayo de 2017, el ciudadano Manuel Mario Guevara,  asistido de abogado consignó escrito de contestación a los alegatos como tercero interesado; por cuanto se dio cuenta en Sala el 15 de octubre de 2015, la Sala emitirá su fallo sin considerar dicho escrito en virtud que no fue presentado dentro del lapso de los treinta (30) días establecidos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para interponer la apelación, lapso que en la presente causa transcurrió con creses y que conforme al precedente judicial establecido en la  sentencia N° 442/2001, recaída en el caso: Estación Los Pinos, es preclusivo para que las partes formulen los alegatos.

 Visto lo anterior, pasa esta Sala a decidir la apelación ejercida, y en tal sentido, observa:
La acción de amparo constitucional fue interpuesta por el abogado Luis Alberto Sandoval, en carácter de apoderado judicial de la ciudadana Lilia De Lourdes Alarcón, representante legal y madre custodia de la adolescente de 17 años de edad, contra las omisiones en las que ha incurrido el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, en su criterio no ha ejecutado las órdenes establecidas en la sentencia dictada por el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas,  el 15 de mayo de 2012, para que se materialice la entrega oportuna de la remesa para la manutención de la adolescente en referencia.

 Asimismo, señaló el accionante que la decisión del Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, dictada el 15 de mayo de 2012, ratificó el monto establecido por mutuo acuerdo por los progenitores, en un “quantum alimentario en beneficio de la adolescente (…) en la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES ($ 2.500,00)”. Que de igual forma determinó el referido fallo, que el “ciudadano MANUEL MARIO GUEVARA MAGALHES… realice oportunamente las diligencias pertinentes ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), para cumplir con el pago impuesto por obligación de manutención…”. Siendo lo más preocupante, “el hecho de que el Tribunal de la causa no ha hecho valer ni hacer cumplir con contundencia la sentencia de marras, generando en consecuencia, un total estado de indefensión y denegación de justicia para con mi representada y su adolescente hija (…)”, lesionándose sus derechos y disposiciones Constitucionales.

Ahora bien, previo al pronunciamiento al fondo de la presente causa, esta Sala se pronunciará en relación a la admisión por parte del Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En ese sentido, se percata esta Sala que el abogado Luis Alberto Sandoval, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Lilia De Lourdes Alarcón, al momento de incoar el amparo constitucional expresó en su demanda que ejercía el “RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL en contra de este Tribunal –Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de CaracasPOR OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO … y en contra del ciudadano MANUEL MARIO GUEVARA … por su manifiesto y reiterado INCUMPLIMIENTO de la Obligación de Manutención a favor de su adolescente hija…” (subrayado añadido).

De los fragmentos subrayados en el  párrafo trascrito, denota esta Sala que el amparo constitucional incoado por el apoderado judicial de la ciudadana Lilia De Lourdes Alarcón, devendría en inepta acumulación en virtud de que se trata de dos pretensiones, que serían conocidas por distintos órganos judiciales, pues con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y el criterio sentado mediante sentencia n° 7/2000 (caso, José Amado Mejías Betancourt), corresponde el conocimiento de la omisión por parte del  Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del mismo Circuito Judicial, denunciada como lesiva, a los Tribunales Superiores de la misma materia, que en el caso sub examine ciertamente es competente el Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; mientras que la denuncia contra el ciudadano Manuel Mario Guevara, por las presuntas lesiones ocasionadas a los derechos de su hija, en virtud del “manifiesto y reiterado INCUMPLIMIENTO de la Obligación de Manutención”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la competencia corresponde a un Tribunal de Primera Instancia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 En ese sentido, se desprende del auto de admisión dictado por el Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 21 de julio de 2015, (folio 22) que dicho Tribunal estableció, sin dictar despacho saneador, como objeto de la acción solo la omisión denunciada contra el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del mismo Circuito Judicial, y nada dijo sobre lo demandado en contra del ciudadano Manuel Mario Guevara, a quien ordenó notificar en la admisión con el carácter de tercero interesado, y en ese mismo carácter lo apreciará esta Sala dada la delicada materia de la que se trata – obligación alimentaria de una menor de edad -. Advirtiendo esta Sala al jurisdicente a cargo del Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, que en próximos asuntos denote tal situación a los accionantes y aplique el despacho saneador dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Ahora bien, manifiesta el accionante que objeta la sentencia apelada dictada por el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, del Área Metropolitana de Caracas, dado que ésta solo “se limita a enumerar una serie de gestiones que en su mayoría son actuaciones realizadas por la Oficina de Control de Consignaciones” “en relación a (sic) los irregulares depósitos efectuados por la parte demandada en esta causa” -progenitor obligado en manutención-, “donde se evidencia una inexplicable e insólito manejo para tratar de dar a entender el supuesto y falso cabal cumplimiento en la obligación de manutención”  y “aún no se ha logrado hacer efectiva la sentencia proferida por el Tribunal Superior Tercero de este Circuito Judicial, en la cual se obliga al ciudadano MANUEL MARIO GUEVARA, padre de la adolescente (…) de honrar el pago en dólares; …y para lo cual dicho ciudadano demandado debió realizar, desde hace mucho tiempo, las diligencias pertinentes a los fines de materializar la conversión de los bolívares depositados en la cuenta del Tribunal en Dólares, tal como se estableció en el …acuerdo y en la sentencia del Tribunal Superior Tercero”.

Ello así, queda claro para esta Sala que el punto contra el que se alza el accionante en vía de amparo, es la presunta omisión por parte del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, en la fase de ejecución forzosa actuaciones tendentes a que se materialice la obligación del ciudadano Manuel Mario Guevara, para  que su hija adolescente, reciba el monto de su obligación de manutención en la moneda en que lo requiere para satisfacer sus necesidades, con lo cual garantice su desarrollo integral, por estar la adolescente residenciada en otro país,  y a la cual el progenitor en referencia se obligó, tal como quedó demostrado y establecido en la Sentencia dictada por el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial en referencia, el 15 de mayo de 2012.

En ese sentido observa esta Sala, que corre inserta en autos copia certificada de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Tercero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, el 15 de mayo de 2012, en la cual decidió lo siguiente:

“En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Superior Tercero del Circuito judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abg. LUIS ALBERTO SANDOVAL, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 20.002, quien actúa en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana LILIA DE LOURDES ALARCÓN, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-5.306.717, contra el fallo dictado en fecha 15/02/2012, por el Tribunal Cuarto (4to) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. 
SEGUNDO: PERECIDO el recurso de apelación ejercido por la abogada ISABEL PALACIOS, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 54.215, quien actúa en su carácter de apoderada judicial del ciudadano MANUEL MARIO GUEVARA MAGALHES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.767.821, por no haberlo formalizado en su oportunidad procesal correspondiente tal y como lo establece el artículo 488-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
TERCERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 374 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se ordena al Tribunal a quo, se sirva realizar los trámites pertinentes ante el Banco Central de Venezuela, con el objeto que se efectué una experticia complementaria del fallo, para determinar el cálculo de los intereses moratorios en que se incurrió por el atraso del pago de la Obligación de Manutención, y dicha experticia será calculada a la moneda de curso legal de nuestra nación.
CUARTO: Se ordena al ciudadano MANUEL MARIO GUEVARA MAGALHES, plenamente identificado en autos, a que realice oportunamente las diligencias pertinentes ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), para cumplir con el pago impuesto por concepto de Obligación de Manutención en la sentencia dictada en fecha 21/05/2009, por la Corte de Distrito 17° Circuito Judicial en y para el Condado Broward, Florida, Estados Unidos de América. 
Publíquese y regístrese”.

Del fallo antes trascrito, se desprende con meridiana claridad, las obligaciones establecidas al Juzgado de la causa originaria, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, de realizar las “los trámites pertinentes ante el Banco Central de Venezuela, con el objeto que se efectúe una experticia complementaria del fallo, para determinar el cálculo de los intereses moratorios en que se incurrió por el atraso del pago de la Obligación de Manutención, y dicha experticia será calculada a la moneda de curso legal de nuestra nación”. Y que el demandado y obligado alimentario “realizará oportunamente las diligencias pertinentes ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), para cumplir con el pago impuesto por concepto de Obligación de Manutención en la sentencia dictada en fecha 21/05/2009, por la Corte de Distrito 17° Circuito Judicial en y para el Condado Broward, Florida, Estados Unidos de América”, la cual verifica esta Sala de las actas, (folio 73), tiene plena vigencia en la República Bolivariana de Venezuela, mediante sentencia de exequátur dictada por el Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, el 3 de mayo de 2011.

Ahora bien, se observa de las actas del expediente que corre agregado al folio doscientos doce (212) un oficio del 10 de agosto de 2012, emanado del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dirigido al Banco Central de Venezuela en el que se expresa: “por cuanto fue recibida correspondencia de fecha 06 de agosto del 2012, número de oficio ejaaa-c 2012-7-2014, emanado de esa Institución y en respuesta a lo allí solicitado, se le informa que la tasa conforme a la cual deberán realizar el cálculo de los intereses moratorios solicitados, será a la rata del doce por ciento (12%) anual, esto en función de lo establecido en el artículo 374 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, con lo cual evidencia que el Tribunal en referencia gestionó lo establecido en el inciso tercero de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial del Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, sobre lo cual no cuestionó el apelante, quedando claro para esta Sala que el pago moratorio fue calculado por el Banco Central de Venezuela.

En relación con lo ordenado en el inciso cuarto del fallo dictado por el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial del Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, sobre el cual se denuncia la omisión por parte del Tribunal Cuarto de Primera instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del mismo Circuito Judicial, por no haber hecho efectivo mediante la ejecución forzosa, que el ciudadano Manuel Mario Guevara Magalhes, efectúe las gestiones y diligencias necesarias “ante  la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para cumplir con el pago impuesto por concepto de Obligación de Manutención en la sentencia dictada en fecha 21/05/2009, por la Corte de Distrito 17° Circuito Judicial en y para el Condado Broward, Florida, Estados Unidos de América”, y que fue dado el exequátur o pase para ser ejecutada en Venezuela.

En ese sentido, indica esta Sala que al efectuar el pase de la sentencia extranjera – exequátur - en la que se fijó el monto de la obligación de manutención,  e incoar la parte demandante un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales venezolanos competentes para hacer valer dicha sentencia en el país, ciertamente la parte accionante está aceptando que el monto de la obligación que demandó sea pagado  por el obligado en la moneda de curso legal, tal como lo dispone el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños. Niñas y Adolescentes “suma de dinero de curso legal”, siendo de ésta forma su ejecución aunque la obligación haya podido ser pactada en moneda extranjera. (Vid sentencia n°1641/2011, caso: Motores Venezolanos C.A.) .

Asimismo, del fallo impugnado se verifica que el demandado Manuel Mario Guevara Magalhes, ha realizado pagos de cuotas de la obligación de manutención para su hija, mediante cheques que han sido depositados en la cuenta que fue ordenada su apertura por parte del Órgano Jurisdiccional a través de la Oficina de Consignaciones adscrita al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, tal como se desprende de las comunicaciones emanadas de la referida oficina de consignaciones (folio 355).

Ahora bien, constata esta Sala las gestiones efectivamente realizadas por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del mismo Circuito Judicial, para que el obligado realizara las gestiones ante el órgano encargado, para ese momento, del cambio de la moneda -CADIVI- y pudiese llegar a la adolescente que reside en Estados Unidos la obligación de manutención. Así:

1-      Se encuentra agregado en actas (folio 223), un oficio emanado de la entonces Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) dirigido al Tribunal presuntamente agraviante con data del 11 de diciembre de 2012 en el que se expone, “en nombre de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y a la vez hacer referencia al oficio N° 3655, de fecha 28 de noviembre de 2012, recibido por esta Comisión en fecha 30 de noviembre de 2012, mediante el cual solicita a esta Administración Cambiaria colaboración en relación al trámite para la Autorización y Adquisición de Divisas con el objeto de dar cumplimiento a  la obligación de manutención signada … Al respecto le informo que para formalizar la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas… destinadas a casos especiales…el usuario..Debe estar inscrito en el Sistema…y acompañar con la solicitud los siguientes requisitos…consignarla ante el operador cambiario…”.

2-      Se encuentra agregado asimismo, un auto emanado del Tribunal Cuarto de Primera instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, del 10 de abril de 2013, en el que se lee: “este Despacho Judicial le insta a que dicha documentación debe ser entregada a la parte demandada ciudadano MANUEL MARIO GUEVARA MAGALHER …el cual está solicitando lo concerniente a las divisas; en consecuencia este Juzgado procede a fijar Reunión para el día MARTES VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DEL AÑO 2013, A LAS ONCE DE LA MAÑANA (1:00 AM) (sic), entre las partes y sus apoderados judiciales con presencia de la Juez a los fines de tratar lo concerniente renovación de documentos para las divisas”. Asimismo consta agregada un acta del 23 de abril de 2013, en la que el Tribunal en referencia expone: “se deja constancia de la comparecencia del apoderado judicial de la parte actora abogado LUIS ALBERTO SANDOVAL…la no comparecencia de la parte demandada o su apoderado, no se  pudo realizar la reunión pautada…el abogado LUIS ALBERTO SANDOVAL, expone: ‘en virtud que no compareció la parte demandada pido a este Tribunal fije nueva oportunidad para la reunión’. En consecuencia, este Despacho Judicial…fija oportunidad para el día lunes nueve (09) de mayo de dos mil trece (2013)…”.

3-      De igual forma, un acta del 4 de junio de 2013, suscrita ante el Tribunal Cuarto de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, en la que se deja constancia de la comparecencia del apoderado judicial de la parte actora y recurrente, así como del ciudadano Manuel Mario Guevara, en la que se lee:
 “PRIMERO: Ambas partes se comprometen en ese acto a comparecer conjuntamente ante (CADIVI) a los fines de consignar documentación requerida para la conversión de bolívares a moneda extranjera de los montos depositados…y se comprometen a consignar por ante este Despacho el certificado o constancia de recepción y liquidación del trámite..-(SEGUNDO) El apoderado judicial de la ciudadana LILIA DE LOURDES ALARCON (sic)…manifiesta que para la fecha el ciudadano MANUEL MARIO GUEVARA  ha depositado en moneda de curso legal…los montos que corresponden a la obligación de manutención, quedando pendiente los intereses moratorios que rielan en el oficio N° CJAA-C-2013-10369, de fecha 17/10/2012. En tal sentido el ciudadano MANUEL MARIO GUEVARA, reconoce dicha deuda igualmente se compromete a depositarlo en la cuenta de ahorro…en bolívares, por el monto señalado en el referido oficio, y se compromete a consignar copia …y tramitar la conversión de los montos depositados, …ante CADIVI, en moneda extrajera… CUARTO: El ciudadano abogado LUIS ALBERTO SANDOVAL, pide a este Tribunal deje sin efecto la solicitud de medida cautelar de Prohibición de Salida del País, requerida contra el ciudadano MANUEL MARIO GUEVARA…por cuanto el mismo ha mostrado el pago en moneda de curso legal, así como disposición y ánimo de realizar el trámite ante CADIVI, para la conversión en dólares…”.

4-      También, se encuentra agregada a los autos una resolución dictada por el Tribunal Cuarto de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, el 14 de marzo de 2014, en el que expresa:
“Se recibe escrito suscrito por el abogado Luis Alberto Sandoval,…en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana LILIA DE LOURDES DE ALARCON (sic)…mediante el cual pide la ejecución del cumplimiento de la Obligación de Manutención, de la sentencia dictada por el tribunal Superior Tercero de Protección de fecha 15/05/2012 conforme a lo establecido  en el último aparte del Artículo 384 de la Ley especial…en concordancia con los artículos 523 y 524 del Código de Procedimiento Civil vigente, lo cual es acordado…En cuanto a las Medidas Cautelares solicitadas (Medida de Prohibición de Salida del País, Prohibición de Enajenar y Gravar)…se hace saber a la parte solicitante que debe indicar la gravedad y la urgencia en que sustente la presunción grave del riesgo manifiesto de que de que el obligado debe pagar la cantidad expresamente señala a favor de su adolescente hija…donde se pueda evidenciar el retraso injustificado conforme a los artículos 381 y 466-B de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes….Por último ordena oficiar y remitir el presente asunto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a los fines de que se sirvan itinerar el asunto, al tribunal de Ejecución de este Circuito Judicial que corresponda conocer”.

5-      Por otra parte, del  propio fallo apelado se puede evidenciar que el, 15 de julio de 2014, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas a cargo en su oportunidad del Doctor ALFREDO PEREIRA MENDOZA, (folio 267)  dictó auto en el que expresó:
“Revisadas las actas procesales que conforman el presente asunto, y visto que en el presente expediente no consta en auto las resultas del oficio número 0369 de fecha 28/05/2014, librado por este Tribunal; en consecuencia, se ordena ratificar dicho oficio, dirigido al Director de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), ahora (CENCOEX), a los fines de solicitar su valiosa colaboración, en el sentido, de que se sirva informar sí cursa ante sus registros de solicitud de trámite por parte del ciudadano MANUEL MARIO GUEVARA, titular de la cédula de identidad número V- 2.767.821, relacionada con la conversión en dólares de los bolívares depositados en la cuenta de ahorro número “0003-0081-16-0100497691”, del Banco Industrial de Venezuela, a nombre de la ciudadana LILIA DE LOURDES ALARCON (sic), venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Número V- 5.306.717”.

6-      Consta en el folio 235, oficio número N° 001451 del 9 de septiembre de 2014, suscrito por el Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), en el que informó lo siguiente:
“…el status que presenta la solicitud de divisas número 14149598, se debe a la anulación de la misma por parte del ciudadano MANUEL MARIO GUEVARA o por el transcurso de un largo lapso de tiempo desde el momento en que se generó la solicitud en el Sistema de Administración de Divisas, sin que haya consignado ante el Operador Cambiario Autorizado (OCA) los documentos a los que hace referencia la Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Adquisición de Divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero, vigente para el momento en que se realizó la solicitud”.

De las anteriores actuaciones, esta Sala advierte que fueron realizadas actuaciones por parte del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, en procura de hacer efectivo el cumplimiento del fallo sobre el que se pidió la ejecución, advirtiendo la Sala que el órgano judicial no puede sustituir los deberes que corresponden exclusivamente a los primeros obligados, que tal como lo dispone el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son el padre y la madre, en el sentido de realizar los trámites y consignar los requisitos ante el órgano de conversión cambiaria,  en virtud de lo cual no se ha configurado la omisión denunciada por la solicitante de autos. Así se establece.

No obstante lo anterior, se percata esta Sala que en la comunicación remitida por el órgano cambiario se expresó que la anulación de la solicitud realizada por parte del ciudadano Manuel Mario Guevara, se debió a que “por el transcurso de un largo lapso de tiempo desde el momento en que se generó la solicitud en el Sistema de Administración de Divisas, sin que haya consignado ante el Operador Cambiario Autorizado (OCA) los documentos a los que hace referencia la Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Adquisición de Divisas”, y siendo que se verifica de actas que la adolescente se encuentra bajo la custodia de la mamá, que es con quien reside; desprendiéndose de actas que la apertura de la cuenta bancaria, ordenada por el Tribunal de Protección, en la cual el padre deposita la obligación alimentaria, así como, todas las gestiones realizadas por la ciudadana Lilia Alarcón son tramitadas mediante apoderado judicial, acreditado en el País, determinándose que la diligencia ante el órgano cambiario puede ser realizado de forma más expedita por la madre,  quien con certeza tiene la documentación necesaria y lo cual puede realizar mediante su apoderado judicial, ya que la cuenta donde se encuentra el dinero en moneda nacional para la conversión, es manejada por la madre a través de apoderado judicial; estima esta Sala que la madre realice los trámites ante el órgano cambiario, mediante su apoderado judicial y el padre debe entregar al apoderado judicial de la madre ciudadana Lilian Alarcón los documentos que de él se requieran a efectos de realizar las gestiones ante el Órgano cambiario. Así se establece.

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, esta Sala declara: i) sin lugar la apelación ejercida por el abogado Luís Alberto Sandoval, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana, Lilia De Lourdes Alarcón; ii) confirma el fallo emitido por el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, del 20 de agosto de 2015, en los términos expuestos en el presente fallo, que declaró improcedente la acción de amparo constitucional propuesta por el abogado Lus Alberto Sandoval, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana, Lilia De Lourdes Alarcón; iii) Se dispone que quien realice las gestiones para la conversión de la moneda sea la madre custodia, ciudadana Lilia De Lourdes Alarcón ó mediante su apoderado judicial y el padre debe entregar al apoderado judicial de la madre ciudadana Lilian Alarcón los documentos que de él se requieran a efectos de realizar las gestiones ante el Órgano cambiario.  Así se declara.

Por último, no puede dejar de advertir esta Sala a la jueza del Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, para que en próximas oportunidades  le sea solicitado junto a la demanda medidas cautelares realice pronunciamiento al respecto, que en casos, como en el presente, al declararse la improcedencia  deberá expresar que se hace inoficioso realizar pronunciamiento sobre la medida solicitada."

martes, 6 de febrero de 2018

MOTIVACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES JUDICIALES PARA VIAJES INTERNACIONALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES / JURISPRUDENCIA


Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional.
  Expediente N° 17-0220 de fecha 25 de noviembre del 2017.



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"V
OBITER DICTUM

En virtud del asunto planteado y sin perjuicio de la decisión que antecede, en relación a la autorización judicial de viaje al extranjero de niños, niñas y adolescentes, prevista en el artículo 392 y 393 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, solicitada –excepcionalmente- por vía de amparo constitucional, esta Sala Constitucional pasa a hacer las siguientes consideraciones:

Observa la Sala que la solicitud de permiso para viajar cuando no ocurre de manera voluntaria y natural entre los progenitores requiere de la intervención judicial para la protección de los derechos del niño, niña o adolescente, si es el caso, instancia que dictará la decisión acorde a los elementos de convicción presentados y en atención al interés superior del niño, así como a las instituciones familiares establecidas a favor de éste; es así como debido al alto grado de conflictividad entre quienes ejercen conjuntamente la maternidad y la paternidad de hijos menores, una actividad propia de la dinámica familiar como lo es viajar para el encuentro familiar, recreación y entretenimiento se torna compleja, siendo el principal argumento para negarla voluntariamente u oponerse a ella en la vía jurisdiccional, el temor del progenitor que la niega o se opone, un cambio intempestivo de domicilio del niño, niña o adolescente lo cual devendría en una afectación del contacto personal y actividades inherentes a la relación de crianza. Aunado a ello, no puede limitarse el ejercicio de los derechos del niño y los de su familia por actitudes arbitrarias del progenitor en desacuerdo con el viaje, de domicilio desconocido, imposible ubicación o ausente para autorizarlo.

Al respecto, considera esta Sala necesario traer a colación el criterio vinculante, en relación a la solicitud de las autorizaciones judiciales para viajar al extranjero a favor de niños, niñas y adolescentes, establecido mediante sentencia N° 1953 del 25 de julio de 2005, en la cual se expuso lo siguiente:

Debe la Sala puntualizar que aunque el artículo 393 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente nada dice, lo planteado en el fondo es un asunto que rebasa el simple otorgamiento del permiso, lo que podía compararse a un acto administrativo, ya que quien acude ante el juez, sea el padre o el adolescente, lo hace para hacer valer derechos contra el otro padre.

Conforme al citado artículo 393, pueden acudir ante el juez:

1) El padre que quiere que el hijo viaje, ante la negativa de consentimiento del otro, o el desacuerdo de éste sobre el viaje.
2) El padre que no quiere que el hijo viaje, ante la posibilidad de separación del hijo del sitio donde vive.
3) El adolescente que quiere viajar, ante la negativa o el desacuerdo del o de los padres que pueden otorgar el permiso.

En los tres casos, aplicables también a aquél que representa al menor y que no es su padre, como el tutor, por ejemplo, la autorización o negativa del juez obedece a reconocer un derecho o en cabeza del peticionante o en quien niega el permiso. Tal derecho emana directamente de la Constitución y de instituciones como la patria potestad y la guarda, y el reconocimiento de ese derecho, para impedir u ordenar el viaje, a fin de que no sea arbitrario y que se ajuste al sentido y alcance de las normas citadas en este fallo, debe ser precedido de una etapa de conocimiento que incluye contradictorio y pruebas, por lo que hay que citar a la contraparte del peticionante, ya que entre ambos existe una contención y una oposición de derechos.

Se trata de un proceso contencioso, donde se declara un derecho contra alguien, y que con respecto a la situación planteada produce cosa juzgada. No debe confundir el que el artículo 393 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, señale como comienzo del proceso el que el accionante “exponga la situación”, ni que el fallo que se dicte no tenga casación a tenor de lo previsto en el ordinal 2° del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil. 

A juicio de la Sala, estamos ante un proceso especial contencioso, que debe ventilarse según las normas del proceso de guarda, ya que en el fondo lo discutido pertenece a elementos de la guarda, cual es la custodia y vigilancia del menor, tal como lo señala el artículo 358 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente al expresar el contenido de la guarda.

Por otra parte, las oposiciones al permiso o autorización para viajar, a juicio de la Sala, no son simples desacuerdos entre las partes sobre aspectos del contenido de la guarda, el cual tiene previsto un procedimiento en el artículo 359 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, sino que por el desarraigo posible, contrae una modificación a la guarda que, tal como la señala el artículo 363 de esa ley “debe ser decidido por vía judicial, requiriéndose para ello, el procedimiento previsto en el Capítulo VI de este Título” (artículos 511 y siguientes del procedimiento especial de alimentos y guarda).

En consecuencia, cuando surja una oposición a la autorización para viajar, bien porque la misma surgió extraprocesalmente o porque nació en presencia del juez al solicitarse ante él la autorización, conforme al artículo 393 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el permiso debe ser negado, a fin de que se ventile por el procedimiento especial de guarda, correspondiendo a la sentencia que allí se dicte negar o autorizar el viaje.

Conforme a lo expuesto, esta decisión debe ser tomada con base en los artículos 75 y 76 Constitucionales que marcan las pautas del interés superior del niño, niña y adolescente, y que no sólo otorgan derechos a éstos, sino deberes irrenunciables a los padres. En estos casos de oposición a la autorización donde hay que acudir ante el juez, a fin de que éste decida lo que convenga, el juez para tomar la decisión, debe hacerlo oyendo a los padres y al niño, niña o adolescente, ponderando la necesidad y utilidad del viaje, la posibilidad de que el menor no sea desarraigado de su familia, ni que sea desnacionalizado al separarlo física e intelectualmente del país donde habita su familia o parte de ella; razones por las cuales al juez debe probársele de cuál es la verdadera situación del niño, niña o adolescente viajero, de su regreso a la esfera del otro padre, de la posibilidad de cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 76 constitucional; y el juez puede exigir pruebas a los padres, indagar las condiciones de vida en el exterior tanto del niño como del padre que viaja con él, si fuere el caso, la condición legal de los viajeros si fuera para otros países, la dirección donde se encontrará el sujeto para quien obrara la autorización, así como el medio de comunicación con el padre, y todo lo que le permita formarse una idea cabal a fin de que se cumplan los artículos 75 y 76 constitucionales, tal como examinar visas, documentos, etc.

En este orden, el juez puede imponer condiciones para el viaje, garantizarle al padre que queda en el país la accesibilidad al hijo, las facilidades para comunicarse con él, y que su incumplimiento puede entenderse como traslado o retención ilícita del menor a tenor de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Todo esto responde a la necesidad de que el niño, niña o adolescente pueda ser ubicado, y al acceso a él de sus padres, como deber de Estado de protección de la familia como asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, tal como lo señala el artículo 75 constitucional; y ese deber del Estado se ejerce por medio de sus diversos poderes entre los cuales se encuentra el judicial, quien interviene en las autorizaciones para viajar, conforme al artículo 393 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

Por su parte, el artículo 485 de la mencionada ley, respecto de la sentencia, establece la obligatoriedad para los jueces y juezas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, concluidas las actividades procesales en la audiencia de juicio, de “… pronunciar su sentencia oralmente, expresando el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho…”. (Resaltado de esta Sala).

Ello así, la Sala considera oportuno precisar que en esta especial materia en procura del interés superior del niño, en defensa de la esfera de derechos y garantías constitucionales susceptibles de vulneración y de los sujetos de protección, la acción de amparo constitucional se instituye como un medio de carácter excepcional, apreciada la inminente violación o amenaza de violación de estos derechos y garantías, toda vez que el procedimiento idóneo previsto por el legislador para la resolución judicial de las solicitudes de autorización de viaje al extranjero a favor de niños, niñas y adolescentes es el establecido en los artículos 392 y 393 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a menos que como se estableció de manera excepcional, las circunstancias demuestren que de tramitarse a través del procedimiento ordinario se haría ilusorio el fallo que se dicte.

Estima oportuno esta Sala, traer a colación lo expuesto por el profesor Levis Ignacio Zerpa, respecto a la motivación de las sentencias “…la motivación judicial, por sus exigencias de racionalidad, de razonabilidad y de objetivo para establecer diferencias entre la juridicidad y la arbitrariedad. Las buenas motivaciones judiciales son instrumentos eficaces de pedagogía democrática para acercar cada vez más el pueblo a la compresión y valoración de la justicia que en los Tribunales se imparte…”. (El Nuevo Poder Judicial Venezolano. Dr. Levis Ignacio Zerpa, Caracas 12 de Enero de 2000, p.p .19 y 20).

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, al Juez al que corresponda, el conocimiento sobre la solicitud de autorización judicial para viajar al extranjero a favor de niños, niñas o adolescentes, tal como está previsto para el procedimiento ordinario, en virtud de los sujetos de protección, de los derechos que se resguardan y dados los efectos de cumplimiento y acatamiento inmediato del mandamiento de amparo -artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- que para estos casos de otorgar o negar la medida preventiva de autorización judicial para viajar al extranjero, deberá motivar suscintamente su sentencia expresando los razonamientos de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión, de tal modo que el pronunciamiento judicial se manifieste como el resultado de un juicio lógico, fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho, así como los elementos que fueron examinados y valorados de conformidad con el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, sin menoscabo del procedimiento establecido en la referida ley y en la jurisprudencia pacífica y reiterada por esta Sala en materia de amparo constitucional.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Sala en uso de la potestad prevista en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece con carácter vinculante, que en las decisiones que resuelvan sobre solicitudes de autorización judicial para viajar al extranjero a favor de niños, niñas o adolescentes, tal como está previsto en el procedimiento ordinario, el juez o jueza, en virtud de los sujetos de protección y de los derechos que se resguardan, deberá motivar suscintamente su decisión expresando los razonamientos de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión. De tal modo que la decisión se manifieste como el resultado de un juicio lógico, fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho, así como elementos que fueron examinados y valorados de conformidad con el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, sin menoscabo del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en la jurisprudencia pacífica y reiterada por esta Sala en materia de amparo constitucional.

Dicho criterio se hace extensivo a las decisiones en apelación que admitiendo un recurso de apelación suspenda cautelarmente la autorización impugnada.

Declarado lo anterior, esta Sala, visto que en el presente fallo se realiza un análisis interpretativo sobre uno de los elementos que conforma la institución familiar de la responsabilidad de crianza de niños, niñas y adolescentes, como lo es la autorización judicial de viaje al extranjero a favor de éstos, se ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Alto Tribunal. En tal sentido, sólo se aplicará este criterio a las nuevas demandas que se inicien con posterioridad a la publicación en la Gaceta Oficial del presente fallo y para las causas que se encuentren en trámite siempre que el tribunal constitucional aún no hubiere emitido pronunciamiento. Así se declara.



VI
DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: EL DECAIMIENTO DEL OBJETO en la apelación interpuesta el 17 de enero de 2017, por la apoderada judicial del ciudadano Francois Daniel Guerin, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el 12 de enero de 2017, que autorizó el viaje de la niña cuya identidad se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente junto a su madre la ciudadana Isabella Magual Bravo; sentencia que queda FIRME.

SEGUNDO: RESUELVE con carácter vinculante a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial:

Que las decisiones que resuelvan solicitudes de autorización judicial para viajar al extranjero a favor de niños, niñas o adolescentes, el juez deberá motivar suscintamente su decisión expresando los razonamientos de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión, de tal modo que la decisión se manifieste como el resultado de un juicio lógico, fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho, así como elementos que fueron examinados y valorados de conformidad con el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, sin menoscabo del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en la jurisprudencia pacífica y reiterada por esta Sala en materia de amparo constitucional.


TERCERO: ACUERDA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Alto Tribunal, en cuyo sumario deberá indicarse: “Sentencia de la Sala Constitucional a través de la cual se establece que las decisiones que resuelvan solicitudes de autorización judicial para viajar al extranjero a favor de niños, niñas o adolescentes, el juez deberá motivar suscintamente su decisión expresando los razonamientos de hecho y de derecho en que se fundamenta”."

(...)

"Quien suscribe, Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, conforme a la previsión contenida en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, concurre con la presente decisión por los siguientes motivos:

Esta Sala conoció el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de enero de 2017, por la representación judicial del ciudadano Francois Daniel Guerin, contra la sentencia dictada el 12 de enero de 2017 por el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional que declaró parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana Isabella Magual Bravo y en consecuencia, decretó autorización judicial provisional para viajar al exterior a la niña -identidad omitida- con su madre desde el Aeropuerto de Maiquetía hacia la ciudad de Miami de los Estados Unidos de Norte América, todo ello con ocasión a la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana Isabella Magual Bravo contra la decisión proferida el 8 de diciembre de 2016 por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que negó la medida preventiva de autorización para viajar.

En este sentido, se comparte la decisión de la mayoría sentenciadora respecto al decaimiento del objeto de la presente acción de amparo constitucional incoada, toda vez que la ciudadana Isabella Magual Bravo -accionante en amparo y madre de la niña- regresó a Venezuela el 31 de enero de 2017, con su hija consignando para ello copias fotostáticas del pasaporte.

Sin embargo, no se comparte el criterio asumido por la mayoría sentenciadora respecto al obiter dictum por cuanto se establece con carácter vinculante “(…) que en todas aquellas decisiones emitidas con ocasión a la interposición de un amparo constitucional en el marco de una solicitud de autorización judicial para viajar al extranjero a favor de niños, niñas y adolescentes, el juez o la juez constitucional culminada la audiencia respectiva deberá motivar sucintamente su pronunciamiento judicial expresando los razonamientos de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión, de tal modo que el fallo emitido debe manifestar el resultado de un juicio lógico, fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho, así como los elementos que fueron examinados y valorados de conformidad con el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, sin menoscabo del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala en materia de amparo constitucional, ordenando en consecuencia, la publicación del presente criterio interpretativo en Gaceta Oficial y en Gaceta Judicial (…)”.

Al respecto, quien concurre manifiesta que todos los jueces y juezas de protección de niños, niñas y adolescentes, dada su especialidad sobre la materia, están en el deber  ineludible de constituir el proceso como un instrumento para la realización de la justicia con miras a velar y proteger con prioridad absoluta el interés superior y el ejercicio progresivo de los derechos y garantías de esta población susceptible de vulnerabilidad, para lo cual deberán resolver -así conozcan en sede constitucional- todos los casos sometidos a su consideración valorando para ello los indicios o elementos probatorios que resulten de los autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí para así tomar una decisión ajustada a derecho, todo ello de conformidad con los artículos 452, 476 y 488-D, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en plena sintonía con lo dispuesto en los artículos 243 y 510 del Código de Procedimiento Civil, así como con las disposiciones contenidas en los artículos 17, 32 y 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por ello, quien concurre no aprecia la necesidad del obiter dictum aprobado por la mayoría sentenciadora como un complemento que corrobore la decisión principal, por cuanto no se evidencia claramente si se efectúa en razón de una realidad por parte de los jueces y juezas de protección de niños, niñas y adolescentes en dar un tratamiento distinto a un supuesto de hecho símil, conforme a lo previsto en el artículo 393 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (autorización por parte del juez para la salida del país de un niño, niña y adolescente, en virtud del desacuerdo de uno de sus progenitores), caso en el cual esta Sala pudiera efectuar las consideraciones o precisiones a que hubiere lugar, si fuere el caso, situación que no se desprende de lo narrado en el presente asunto, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico, así como la jurisprudencia Patria prevé los elementos necesarios y suficientes para que los jueces y las juezas de protección de niños, niñas y adolescentes decidan con apego a la ley, debiendo en efecto expresar concisamente las razones de su decisión en las actas de las audiencias constitucionales.

Queda así expresado el criterio de la Magistrada concurrente, a la fecha ut retro."

martes, 23 de enero de 2018

RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS / JURISPRUDENCIA



Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa.
Sentencia N° 00843. Expediente N° 2017-0514 de fecha 19 de julio del 2017


(...)


"II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23 numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el artículo 26 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a esta Sala Político Administrativa conocer las consultas de jurisdicción.

De la revisión de las actas procesales se evidencia que el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Libertador de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, mediante sentencia del 16 de febrero de 2017, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer de la solicitud presentada por el ciudadano Jesús Gabriel Varrone Capriata, al considerar que lo requerido por el prenombrado ciudadano debe ser planteado en sede administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144, 145 y 149 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia con el artículo 89 del Reglamento Nro. 1 de la mencionada Ley, toda vez que -en su criterio- la corrección exigida no afecta el fondo del acta de nacimiento en cuestión.

Por su parte, se observa que el solicitante pretende que se subsane la enmendadura realizada por la “Primera Autoridad Civil del Municipio Libertador del Estado Monagas”, cuando dejó constancia de su nacimiento, toda vez que hay tachaduras en donde se indica el lugar y la fecha de su nacimiento y al señalar la identificación y firma de la presentante (su progenitora), enmendaduras que no fueron salvadas en la acta en cuestión.

En este contexto, este Órgano Jurisdiccional debe señalar que la Ley Orgánica de Registro Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.264 del 15 de septiembre de 2009 -la cual entró en vigencia el día 15 de marzo de 2010-, dispone en los artículos 144, 145 y 149 respecto a la rectificación de Actas del Registro Civil, lo que sigue:

Artículo 144. Las actas podrán ser rectificadas en sede administrativa o judicial”.
Artículo 145La rectificación de las actas en sede administrativa procederá cuando haya omisiones de las características generales y específicas de las actas, o errores materiales que no afecten el fondo del acta”.
Artículo 149. Procede la solicitud de rectificación judicial cuando existan errores u omisiones que afecten el contenido del fondo del acta, debiendo acudirse a la jurisdicción ordinaria”. (Destacado de esta Sala).

Como puede apreciarse, las normas antes transcritas indican los supuestos en los que debe acudirse a la vía administrativa o judicial para rectificar un acta inscrita en el Registro Civil; si la solicitud de corrección de partida se fundamenta en errores materiales que no afecten el fondo del asunto, el conocimiento de dicho procedimiento le corresponderá a la Administración por órgano del Registro Civil correspondiente, en cambio, si versare sobre aspectos que afecten el fondo del acta será competencia del Poder Judicial. (Vid., Sentencia de esta Sala Nro. 00540 del 11 de mayo de 2017, caso: Luis Eugenio Luna Betancourt).

En este orden de ideas, cabe destacar que el artículo 89 del Reglamento Nro. 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.093 del 18 de enero de 2013, dictado por el Consejo Nacional Electoral, establece que se consideran “errores materiales que no afectan el fondo de las actas, aquellas que obedecen a omisiones o errores de transcripción en la escritura de letras, palabras, números y signos ortográficos, alterando la integridad de los datos que permitan identificar a las personas, hechos, lugares, fechas y documentos que se registran en el acta y los que son productos de enmendaduras, interlineados o tachaduras, siempre que no se encuentren salvadas al final del acta(Negrillas de esta Sala).

Ahora bien, se aprecia que el solicitante pretende que se subsane el acta de nacimiento emitida por la “Primera Autoridad Civil del Municipio Libertador del Estado Monagas”, dada la enmendadura que se observa en lo atinente al lugar y fecha de su nacimiento, así como donde aparece el nombre y la firma de la presentante (su progenitora) y no que se corrija un error en dichos datos.

Ello así, visto que de acuerdo a lo previsto en el artículo 89 del Reglamento Nro. 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil, son errores materiales que no afectan el fondo de las actas los que son productos de enmendaduras, interlineados o tachaduras, siempre que no se encuentren salvadas al final del acta, esta Sala Político-Administrativa considera que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer la solicitud de rectificación del acta de nacimiento; razón por la cual se confirma el fallo de fecha 16 de febrero de 2017, dictado por el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Libertador de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Así se decide.

Por último, debe advertir esta Máxima Instancia que el solicitante señaló que presentó un requerimiento ante la Administración a los fines de que se rectificara el acta de nacimiento referida, petición que fue declarada inadmisible en fecha 1° de julio de 2016, por la Oficina de Registro Civil del Municipio Libertador del Estado Monagas, como se evidencia a los folios 4 y 5 del expediente, fundamentada dicha decisión en que “por vía administrativa no se solventan tachaduras ni enmendaduras”.

Vista la declaratoria de inadmisibilidad por parte del Órgano competente para ello y dada la importancia que tiene la subsanación de un documento esencial para la identidad del solicitante, este Órgano Jurisdiccional considera necesario indicarle al ciudadano Jesús Gabriel Varrone Capriata que podía recurrir de tal pronunciamiento en sede administrativa dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación; sin embargo, como ya transcurrió dicho lapso, puede volver a dirigir su solicitud la cual deberá ser tramitada por la Oficina de Registro Civil atendiendo a lo expuesto en este fallo, todo ello de conformidad con el artículo 148 de la Ley de Registro Civil de 2009. Así se establece."

martes, 25 de julio de 2017

REGISTROS Y NOTARÍAS



Medidas aplicables a los Registros y Notarías a partir del 07 de enero de 2015
(Información publicada en la página web: http://www.badellgrau.com/ )
 
A través de la circular SAREN-DG-CJ-DSR-Nº001 de fecha 7 de enero del 2015, el Director General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías y Autoridad Única Nacional para la Simplificación de Trámites y Permisos, informó a todos los registros y notarías del país que a partir de la referida fecha, deberán aplicarse una serie de medidas para el óptimo funcionamiento de las referidas oficinas públicas.

 1.- Objeto
Mejorar el funcionamiento de los registros y notarías en pro de los usuarios.
 2.- Contenido
La mencionada circular ordena a los registros y notarías la aplicación inmediata de las siguientes medidas:
1) No se exigirá fotocopia de la cédula de identidad, ni fotocopia del Registro de Información Fiscal, como requisito para la tramitación de los actos jurídicos.
2) No se establecerá ningún tipo de control que límite en forma alguna la atención de los usuarios y usuarias; así como, la cantidad de trámites diarios que estos puedan realizar en las oficinas de registros y notarías (Ej. El uso del terminal del número de cédula para la atención de usuarios, por día de semana).
3) La atención al usuario será de lunes a viernes, desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm (Horario Corrido).
4) Poner a la disposición de los usuarios y usuarias, toda la información necesaria que permita conocer que se requiere para la tramitación de cualquier acto jurídico en las oficinas de registros y notarías.
5)  No devolver documentos por correcciones de redacción, cuando estas no afecten el fondo del acto jurídico que se está realizando.
6) Informar de manera oportuna a los usuarios y usuarias, las correcciones de fondo de sus documentos que imposibiliten la tramitación del documento presentado, con el fin de garantizar celeridad en la realización del trámite.
7) No exceder el lapso de tres días hábiles, para la inscripción o autenticación de los documentos.
8)  Los documentos deberán ser entregados a los usuarios, el mismo día del otorgamiento.
9)  Los Registradores y Notarios colocarán a la vista de todos los usuarios y usuarias el aviso que contienen los canales de comunicación para sugerencias y/o denuncias, aprobado por la Dirección General del SAREN.
10) Los registros y notarías, establecerán mecanismos eficientes para garantizar la atención oportuna, sencilla y segura a los usuarios, todo ello con estricto apego a los principios de legalidad, simplicidad, transparencia, celeridad, eficacia, eficiencia, responsabilidad, desconcentración y presunción de buena fe de los usuarios.
11) Los Registradores y Notarios titulares designarán, previa aprobación de la Dirección General, la cantidad de Registradores y Notarios Auxiliares necesarios, según los lineamientos establecidos por la máxima autoridad del SAREN, con el propósito de optimizar el buen funcionamiento de la Institución.
12) Los Registradores y Notarios titulares son los encargados directos (indelegable) de la ejecución y cabal cumplimiento de las normas establecidas en la circular.
13) Los Registradores y Notarios titulares deberán ser los primeros en llegar a la oficina y los últimos en retirarse. En caso de cualquier ausencia la notificarán a la dirección correspondiente.
3.- Entrada en Vigencia
Las nuevas medidas adoptadas entrarán en vigencia a partir del 7 de enero de 2015.



DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGISTROS Y DEL NOTARIADO
Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, publicada el Decreto No. 1.422 de fecha 17 de noviembre de 2014 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.



 Resolución Nº 019, mediante la cual se establece los REQUISITOS ÚNICOS Y OBLIGATORIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE ACTO O NEGOCIOS JURÍDICOS EN LOS REGISTROS PRINCIPALES, MERCANTILES, PÚBLICOS Y LAS NOTARÍAS
(Gaceta Oficial Nº 40.332 del 13 de enero de 2014)

Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1
La presente Resolución tiene por objeto establecer los requisitos necesarios para la tramitación de todos los actos o negocios jurídicos que se realizan en los Registros Principales, Mercantiles Públicos y Notarías del país, los cuales dependan del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
Artículo 2
Para la tramitación, de todos los actos o negocios jurídicos que se realizan ante los registros principales, mercantiles, públicos y notarías, toda persona interesada, sea presentante u otorgante, salve las excepciones previstas en la presente Resolución, deberá presentar como requisitos obligatorios los siguientes documentos:
1). Documento de identificación vigente.
2). Documento redactado y visado por abogado o abogada, o sentencia definitivamente firme o cualquier otro acto emanado de autoridad competente.
3). Tributos nacionales, estadales y/o municipales, según sea el caso.
Artículo 3
Además de los requisitos obligatorios para la tramitación de actos o negocios jurídicos que se realizan indistintamente ante los Registros Principales Mercantiles, Públicos y Notarías toda persona interesada deberá presentar los siguientes requisitos especiales:
1). Acta de matrimonio, acta de unión estable de hecho, capitulaciones matrimoniales, separación de cuerpos separación de bienes, sentencia de divorcio o acta de defunción, según el caso.
2) Acta de defunción, planilla de la declaración sucesoral acompañado del respectivo certificado de solvencia sucesoral, emitidos por el Servicio Nacional integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), cuando el acto o negocio jurídico esté relacionado con una persona fallecida.
3). Partida de nacimiento o sentencia del Tribunal competente en materia de LOPNA para representar niños niñas y adolescentes, si el acto o negocio jurídico los involucra.
4). En caso de extranjeros, pasaporte con su Visa TR-N (transeúnte de negocios).TR-1 (transeúnte inversionista) 7R-E (transeúnte empresario), de la persona otorgante, para la realización de actos o negocios jurídicos traslativos de propiedad, y aquellos actos relacionados con sociedades mercantiles firmas personales, sociedades civiles o cooperativas.
5). Poderes generales o especiales, según sea el caso.
6). Autorización emitida por el Instituto de Tierras y Desarrollo Agrario (INTI), de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico que rige la materia agraria.

En el Capítulo II se encuentran los Requisitos para la Tramitación de Actos o Negocios Jurídicos en los Registros Principales.
En el Capítulo III se encuentran los Requisitos para la Tramitación de Actos o Negocios Jurídicos en los Registros Mercantiles.
En el Capítulo IV se encuentran los Requisitos para la Tramitación de Actos o Negocios Jurídicos en los Registros Públicos.
En el Capítulo V se encuentran los Requisitos para la Tramitación de Actos o Negocios Jurídicos en las Notarías.



CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO


DEL REGISTRO PÚBLICO

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.913.- Todo título que se llevé a registrar debe designar claramente el nombre, apellido, edad, profesión y domicilio de las partes, y la fecha de la escritura, en letras.      
La designación de las corporaciones o establecimientos se hará bajo la denominación con la cual fueren conocidos, con expresión del domicilio o residencia de la dirección del establecimiento.                                                                                                                   
En el acto del registro se expresará también el nombre apellido, edad, profesión y domicilio de la persona que presente el título para registrarlo.

Artículo 1.914.- Todo título que deba registrarse designará los bienes sobre los cuales verse, por su naturaleza, situación, linderos, nombre específico cuando lo tenga, Estado, Distrito, Departamento, Parroquia o Municipio, y demás circunstancias que sirvan para hacerlos conocer distintamente.

Artículo 1.915.- El registro debe hacerse en la Oficina del Departamento o Distrito donde esté situado el inmueble objeto del acto.

Artículo 1.916.- Si hubieren de trasmitirse o gravarse por un mismo título inmuebles situados en diferentes jurisdicciones, o de constituirse, reconocerse, imponerse o concederse algún derecho sobre ellos, se hará dicho registro en todas las Oficinas correspondientes.

Artículo 1.917.- El título registrado en el cual no se llenen las formalidades establecidas en los dos artículos anteriores, no tendrá efecto contra tercero, respecto de la parte donde ocurriere la omisión.

Artículo 1.918.- La omisión o la inexactitud de alguna de las indicaciones mencionadas en los artículos 1.913 y 1.914, no daña la validez del registro, a menos que resulte una incertidumbre absoluta sobre el traspaso del derecho o sobre el inmueble que forma su objeto.

Artículo 1.919.- El registro del título aprovecha a todos los interesados.

Capítulo II
Reglas Particulares
Sección I
De los Títulos que deben Registrarse

Artículo 1.920.- Además de los actos que por disposiciones especiales están sometidos a la formalidad del registro, deben registrarse:
1º.- Todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles, o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca.
2º.- Los actos entre vivos que constituyan o modifiquen servidumbres prediales, derechos de uso o de habitación, o que transfieran el ejercicio del derecho de usufructo.
3º.- Los actos entre vivos, de renuncia a los derechos enunciados en los dos números precedentes.
4º.- Los actos de adjudicación judicial de inmuebles u otros bienes y derechos susceptibles de hipoteca.
5º.- Los contratos de arrendamiento de inmuebles que excedan de seis años.
6º.- Los contratos de sociedad que tengan por objeto el goce de bienes inmuebles, cuando la duración de la sociedad exceda de seis años o sea indeterminada.
7º.- Los actos y las sentencias de los cuales resulte la liberación o la cesión de alquileres o de rentas aun no vencidas, por un término que exceda de un año.
8º.- Las sentencias que declaren la existencia de una convención verbal de la naturaleza de las enunciadas en los números precedentes.

Artículo 1.921.- Deben igualmente registrarse para los efectos establecidos por la Ley:
1º.- El decreto de embargo de inmuebles.
2º.- Las demandas a que se refieren los artículos 1.279, 1.281, 1.350, 1.466 y 1.562.
Bastará para los efectos de este artículo que se ponga nota al margen de los instrumentos respectivos, en la cual se haga referencia del decreto de embargo o de las demandas propuestas.

Artículo 1.922.- Toda sentencia ejecutoriada que pronuncie la nulidad, la resolución, la rescisión o la revocación de un acto registrado, debe registrarse, y se hará referencia de ella al margen del acto a que aluda.

Artículo 1.923.- Los instrumentos privados no pueden registrarse, si la firma de los contratantes, o la de aquél contra quien obran, no han sido autenticadas o comprobadas judicialmente.
Las sentencias y los actos ejecutados en país extranjero deben legalizarse debidamente.

Artículo 1.924.- Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta ya las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble.
Cuando la Ley exige un título registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales.

Sección II
De la Forma de Registro

Artículo 1.925.- Todo el que quiera registrar un documento deberá presentarlo a la Oficina respectiva, la cual lo insertará íntegro en los protocolos correspondientes, debiendo también firmar en ellos el presentante o los presentantes.

Artículo 1.926.- Cuando se registre un instrumento en el cual se renuncie, se rescinda, se resuelva, se extinga, se ceda o traspase algún derecho, o se modifique algún acto, se pondrá en el instrumento donde se había declarado o creado el mismo derecho, o hecho constar el acto, una nota marginal en la cual se expresen dichas circunstancias, y la fecha y la Oficina en que se ha efectuado el registro.                                                                    
Si este instrumento se halla en una Oficina o en un despacho distintos de aquel donde se registre el instrumento de renuncia, rescisión, resolución, cesión, traspaso o modificación, el Registrador de este último, a solicitud de cualquiera de los interesados, dirigirá un oficio al Registrador de la otra jurisdicción con inserción del instrumento registrado para que se ponga en el instrumento correspondiente la nota marginal de que se trata en este artículo, y para que lo inserte en el respectivo protocolo. Este oficio se conservará en el respectivo cuaderno de comprobantes.

Artículo 1.927.- El Registrador pondrá al pie del instrumento o de la copia que se lleve a registrar, una nota en la cual se exprese haberse efectuado el registro, con indicación del número del protocolo y el del instrumento, y entregará al interesado el instrumento o la copia así anotados.

Sección III
De la Publicidad del Registro

Artículo 1.928.- Los Registradores darán a todo el que lo pida, copia simple o autorizada de los instrumentos que haya en su Oficina.
Deben igualmente permitir la inspección de los protocolos en las horas fijadas.
También darán copia simple o autorizada de los documentos que se hayan archivado como comprobantes de los instrumentos.



Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil de fecha 17 de septiembre de 2003. Expediente N° 2003-000016.

(...)

"Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala que el artículo 1.924 del Código Civil distingue la consecuencia de la falta de protocolización de un acto en dos casos:

En el primer párrafo, se trata de los actos en que la formalidad del registro es simplemente ad-probationem, a diferencia (segundo párrafo) de cuando el registro es esencial para la validez del acto y la Ley no admite otra clase de prueba para establecerlo, o sea, que la formalidad es ad-solemnitatem.

Cuando el registro es ad-probationem, el acto no registrado surte efecto entre las partes, pero no surte efecto contra terceros que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble."